LUGO PRESIDENTE

PUBLICADO POR: Frank Díaz Rey

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LUGO PRESIDENTE
Paraguay: "Olvidate de la reforma agraria"
El obispo centroizquierdista Fernando Lugo, que acaba de asumir la presidencia en Paraguay, enfrenta dos problemas centrales.

El primero, el reclamo de una parcela por parte de la masa de campesinos sin tierra. En Paraguay, el 1% de los propietarios monopoliza el 77% de las tierras cultivables.
El segundo, el reclamo de mayores precios por la energía hidroeléctrica que Paraguay vende a Brasil y Argentina. El precio que pagan Brasil y Argentina es apenas el 20% del precio internacional.

Estos dos problemas clave -que según los comentaristas paraguayos definirán la presidencia de Lugo- están directamente vinculados. El obispo-Presidente necesita los fondos provenientes de un aumento de los precios de la energía para llevar adelante su programa de compra de tierras para repartirla entre los campesinos. Por otro lado, existe medio millón de productores brasileños de soja -propietarios o arrendatarios de tierras- que han convertido a Paraguay en una simple "extensión" del territorio sojero de su país. Aunque en un número menor, también existen propietarios y arrendatarios sojeros argentinos. Unos y otros, en particular los brasileños, cuentan con el respaldo de sus respectivos gobiernos.

La cuestión de la tierra

El respaldo de los campesinos sin tierra fue decisivo para la victoria electoral de Lugo. Desde fines de abril, cuando Lugo ganó las elecciones, comenzó una vasta movilización campesina y ocupaciones de tierras, especialmente de las pertenecientes a propietarios brasileños. Hubo choques y campesinos muertos a manos de las bandas de los terratenientes. La Sociedad Rural paraguaya le exigió públicamente a Lugo un pronunciamiento claro y directo contra las ocupaciones.

La intervención personal de Lugo logró frenar las ocupaciones; los sin tierra se apostaron en los márgenes de las rutas, en campamentos improvisados frente a las grandes haciendas. Lugo reclamó a los campesinos una "tregua" y "tiempo" para implementar su plan de "reforma agraria" que, según sus propias palabras, constituye "el eje de su gobierno".

¿En qué consiste la "reforma agraria" de Lugo? El gobierno implementará un "catastro nacional de tierras" para relevar las propiedades y la validez de los títulos. El censo llevará por lo menos dos años y será financiado por organismos financieros internacionales. Con los resultados en la mano, Lugo se propone comprar tierras (para repartirlas a los campesinos) y expropiar aquéllas con títulos de propiedad dudosa o fraguada. El obispo-Presidente anunció que pretende llevar adelante su "reforma agraria" mediante un inviable "consenso no traumático" con los propietarios de las tierras.

Los terratenientes tienen, además de sus guardias armadas, otros resguardos. Las expropiaciones deben ser aprobadas en el parlamento (donde la heterogénea coalición de Lugo está en minoría) y confirmadas por la justicia (dominada por el Partido Colorado).
A la luz de todos estos condicionamientos, la "reforma agraria" de Lugo no se diferencia sustancialmente de la política de reparto de tierras impulsada por los propios gobiernos colorados, que fracasó por la falta de fondos y las trabas de la burocracia estatal y judicial.

Está excluida cualquier solución real y efectiva al hambre de tierra de los campesinos.

La cuestión de la energía

De las veinte turbinas instaladas en la represa Itaipú, a Paraguay le corresponden diez, pero sólo emplea la energía producida por una de ellas. El resto lo vende a la brasileña Electrobras por cien millones de dólares anuales. Electrobras revende esa electricidad al parque industrial de San Pablo en dos mil millones de dólares por año.

De la mitad de la energía producida por Yaciretá que le corresponde, Paraguay sólo utiliza alrededor del 5%. El resto lo vende a Argentina, que paga 30 dólares por megawatt, precio muy por debajo del vigente en el mercado mundial. Pero los ingresos por la venta de esa energía no van al Estado paraguayo sino al ente binacional Yacyretá, que lo destina al pago de su deuda con el Estado argentino por la construcción de la obra. Como la deuda es enorme y el precio de venta muy bajo, la deuda sigue subiendo. "Sólo un megawatt a 80 dólares habría permitido pagar los costos de operación y mantenimiento y parte de la amortización" (La Nación, 22/4).

Lugo intentará renegociar los precios a los que Paraguay vende la energía a Brasil y Argentina y, también, las condiciones de la deuda por Yaciretá. Ya rechazó, por considerarlo ruinoso, un acuerdo firmado por el gobierno anterior que condonaba los intereses de esa deuda (5.000 millones) y estiraba el pago del capital a 40 años (pagaderos con energía).
Como Evo Morales, cuando intentó renegociar los precios del gas vendido a Argentina y Brasil, Lugo chocará rápidamente con la debilidad del Estado paraguayo para imponerle condiciones de mercado a sus "hermanos latinoamericanos".

Gabinete

El gabinete de Lugo está claramente volcado a la derecha.

Ministro de Hacienda fue designado Dionisio Borja, que ocupó el mismo puesto durante los tres primeros años del gobierno del colorado Duarte Frutos, antecesor de Lugo. Un definido partidario de las privatizaciones, Martín Heisecke, fue designado ministro de Industria. Inmediatamente, Heisecke declaró respecto de la Industria Nacional del Cemento: "Si depende de mí, mañana mismo la privatizó" (Ultima Hora, 29/7). Borja lo complementó: "El Estado (...) se plantea la concesión, tercerización y capitalización (entrada del capital privado) a las empresas públicas" (ídem, 30/7).

Como ministro de Agricultura y Ganadería fue nombrado Cándido Vera, del Partido Liberal, el ala más derechista de la coalición gubernamental. Federico Franco, vicepresidente de la República y jefe del Partido Liberal - el más importante de la coalición oficial- , fue muy explícito al señalar que "mi partido defiende a ultranza la propiedad privada" y "rechaza totalmente la invasión de tierras" (Crítica, 15/8).

Gobernabilidad

El repudio a las invasiones de tierras y las reiteradas alusiones al "respeto de la Constitución" y al "consenso no traumático" con los terratenientes no le aseguran a Lugo la "gobernabilidad".

Está en minoría en el parlamento, la justicia está en manos de los colorados, la economía paraguaya se encuentra dominada por los exportadores de soja, necesita el respaldo político de Brasil y Argentina, con los que sostiene una disputa por el precio de la energía. Su vicepresidente y medio gabinete son decididamente derechistas.

El vicepresidente Franco anticipó un inicio explosivo del gobierno. "El país está destrozado (...) Va a ser un gobierno traumático. Desde el inicio va a haber huelgas, descontento, manifestaciones, probablemente invasiones de tierras" (Clarín, 16/8).

Las relaciones entre Lugo y su vice son presentadas como un factor de crisis política. "Mi partido no tuvo el nombramiento que hubiésemos deseado en el gabinete. Si este partido fue el que aportó el gasto, si tiene casi el 80% de los votos del presidente Lugo, tenemos sólo tres o cuatro ministros..." (ídem). Franco se presenta públicamente como el garante de la propiedad privada, de los capitalistas y de los terratenientes dentro del gobierno y llega a presentar a Lugo como un verdadero rehén del Partido Liberal: "El Presidente recibió el apoyo del Partido Liberal (...) que le dio el visto bueno (...) Todo aquello que implique apartarse de la Constitución va a generar inconvenientes" (Crítica, 15/8).

El vice Franco ya anticipó cómo se desarrollará la crisis política. "El presidente se dará cuenta con el tiempo de que un pilar fundamental para cualquier gobierno es la estabilidad política, jurídica y tributaria, y que el buque insignia es el respeto a la propiedad privada" (ídem, 15/5). Se viene el apriete de los sojeros, las diplomacias latinoamericanas, los ministros, la burocracia estatal y los parlamentarios para "poner en caja" al obispo-presidente.

A su manera, el principal dirigente del ala izquierda de la coalición oficial, Camilo Soares, secretario general del Partido Movimiento al Socialismo y titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, reconoce que su gobierno no impulsará ninguna iniciativa transformadora. "¿Reforma agraria? Olvidate (...) con la actual correlación de fuerzas, el techo político al que podemos aspirar es casi menos que una reforma, es cerrar el ciclo de transición del pos-stronissmo" (Página/12, 15/8).