DEBATE VENEZOLANO

EL ESTADO DOCENTE Y LA EDUCACIÒN PRIVADA O AQUÌ TODO EL MUNDO ESTA ALZADO

Eligio Damas

Uno, por la escuela y largas conversaciones con amigos, había llegado a la conclusión que los muertos no salían. Por allí siempre rondaba alguno que otro insepulto, pero en la creencia ancestral nuestra, aquellos ya tapiados, no volvían ni de vaina. Y esto no lo digo por la película “La Abuela Virgen”, de Olegario Barrera, sino por el resucitar del discurso opositor a la pertinencia del Estado Docente.
Pero aparte del volver del otro mundo, hay algo más también novedoso; consiste en que la oposición a que el Estado maneje la educación en Venezuela, de conformidad con la ley desde 1948, la asumen los dueños de colegios, quienes en fin de cuentas, conforman una asociación con fines mercantiles. Es decir, ya no se quieren limitar a poner y cobrar matriculas y en general administrar el colegio o cuidar sus haberes, muchas veces contraviniendo lo dispuesto por el Estado, sino que ahora quieren inmiscuirse en la facultad privativa de éste, por disposición constitucional y las leyes específicas de la república.
Y decimos que es un muerto que se ha levantado de la tumba, porque ese debate ya se dio a mediados de la década del cuarenta y lo creímos cerrado en 1948, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación de ese año.
En efecto, las fuerzas progresistas encabezados por el insigne maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, lograron que la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, estableciese en el precepto constitucional, la “educación como función del Estado”. Nació allí el Estado Docente que se desarrolló en la Ley correspondiente del año siguiente.
Y aquello resultó de un debate, dado en la vanguardia, pero muy intenso.
Tanto es así, que en la Constitución de 1961, aprobada un poco entre gallos y medianoche o lo que es lo mismo, en cenáculos cerrados del puntofijismo, se sentenció en el artículo 80 que, “El estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de los fines aquí señalados”. Y ese principio se desarrolló en la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 9 de julio de 1980, como es obvio también en la IV república, mediante el artículo 2º señalando que “La educación es función primordial e indeclinable del Estado…..”
Para no ir muy lejos, porque los responsables son los mismos, la Constitución de 1961, aquella que Chávez, llamó antes de la víspera “La moribunda”, dispuso en el artículo 79, que “Toda persona natural o jurídica podría…….previa demostración de su capacidad, fundar cátedras y establecimientos educativos bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado”.
En la Constitución vigente se reitera el rol del Estado de 1947. Pues el Estado “la asumirá (la educación) como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades…” Y además se señala que toda persona natural o jurídica, “cuando cumpla con los requisitos éticos, académicos, científicos, econòmicos, de infraestructura…….puede fundar y mantener instituciones educativas privadas”, pero complementa y esto hay que tomarlo muy en cuenta para que no haya dudas, siempre “bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado”.
Es decir, lo que el Estado otorga a los particulares y con los requisitos más estrictos en la norma vigente, es el derecho a “fundar y mantener” escuelas. Todo lo demás que concierne al sistema educativo, público y privado, es facultad estatal. Por que el nuestro es un Estado Docente y, lo es no de ahora porque lo haya dispuesto Chávez, sino como resultado de las luchas del pueblo y sus vanguardias desde la década del treinta del siglo veinte.
Por todo lo anterior, uno cree ver resucitar uno o varios muertos que han regresado a reclamar unos derechos que no existen, quedaron fosilizados allá atrás, en la vieja historia. Es increíble que a esta altura de la vida, una vieja consigna de la derecha anquilosada y mohosa, de la década del treinta del siglo anterior, haya reaparecido.
Y todo esto se explica, porque se lee en la prensa que dueños de colegios, a través de sus asociaciones mercantiles, no conformes con reclamar para que el gobierno les dé luz verde para aumentar las matrículas, estàn planteando desconocer las reformas curriculares que éste propone. Y lo que es más grave, la presidenta de una de esas agrupaciones empresariales, de manera procaz manifestó que desconocía “con que se come eso”, refiriéndose al pènsum propuesto. Y otro personaje, aliado al anterior sentenció, que “no podrían obligar a las escuelas a dar clases bolivarianas”, por que según, eso sería “sentar las bases para una intervención.” Es decir, los declarantes ignoran que desde muchos años atrás, todo el sistema educativo venezolano procede de conformidad con lo que el Estado dispone, porque así lo demanda la norma constitucional. Pero esa “ignorancia”, es una estudiada forma de hacer oposición política.
Claro está que esto, en cierta forma se fundamenta y explica, porque el Estado, en la medida que el aparato escolar creció, no creó los mecanismos para ejercer la función supervisora y permitió que ésta, de alguna forma, la asumiesen quienes no debían. Pero estamos hablando de algo trascendente y de una función del Estado que, como la misma norma dice, es indeclinable. Y por eso ese Estado no puede hacer concesiones y menos en algo en algo tan vital.
Que los muertos vuelvan a sus tumbas y de allí no salgan nunca, como uno siempre ha creído debe ser.